Chapter 24

Tratados de Libre Comercio, Anticorrupción, Sanciones, Controles a la Exportación Leyes de Denuncia Moderna y Esclavitud Moderna

Existe una gama de regulaciones con un enfoque internacional que las empresas y las personas debiesen tener en cuenta al hacer negocios con o en Australia. Este capítulo analiza algunas de las principales consideraciones internacionales, incluyendo:

  • el impacto de las leyes contra la corrupción y el soborno (incluidos los delitos de contabilidad falsa);
  • los efectos de los acuerdos de libre comercio que Australia ha firmado con otros países o grupos de países;
  • las restricciones impuestas a transacciones que surgen de los controles de importación / exportación y los regímenes de sanciones; y
  • los efectos de leyes dirigidas a proveer transparencia en la influencia extranjera en Australia.

24.1 Anticorrupción

Existen cuatro categorías principales de leyes de anticorrupción que las empresas y las personas debiesen tener en cuenta al realizar negocios en Australia:

  • prohibiciones de sobornar a funcionarios australianos;
  • prohibiciones a las empresas australianas, o personas en Australia, de sobornar a funcionarios públicos extranjeros;
  • prohibiciones sobre transacciones falsas con documentos de contabilidad; y
  • prohibiciones sobre el soborno "privado".

Prohibición de sobornar a funcionarios australianos

El Código Penal australiano prohíbe a una persona o empresa entregar, ofrecer o prometer deshonestamente un beneficio a otra persona (o causar que esto ocurra), con la intención de influir a un funcionario público federal en el ejercicio de sus deberes como funcionario público.

Los puntos clave a tener en cuenta con respecto a estas disposiciones son:

  • la definición de soborno o beneficio corruptor es amplia: se extiende a cualquier beneficio o ventaja, incluida la hospitalidad (hospitality), los obsequios, los viajes y el trato preferencial;
  • una “oferta” o “promesa” de proporcionar un beneficio es suficiente; no es necesario proporcionar realmente un beneficio; tampoco es necesario que el soborno influya realmente en el funcionario público: la intención de influir es suficiente;
  • el soborno o beneficio corruptor puede ser ofrecido, prometido o proporcionado a través de un intermediario, no es necesario que se ofrezca directamente;
  • no hay una defensa por “pago de facilitación” (facilitation payment defence); y
  • los funcionarios públicos pertinentes incluyen parlamentarios, funcionarios judiciales, miembros del servicio público, miembros de las fuerzas de defensa, los miembros de la Policía Federal, los funcionarios de las autoridades federales y los funcionarios y empleados de los proveedores de servicios contratados para contratos federales.

Las consecuencias por incumplir estas disposiciones son graves, incluyendo:

  • sanciones significativas:
  • para las empresas: hasta una multa (la más alta) de $21 millones de dólares australianos, tres veces el valor del beneficio obtenido directa o indirectamente, o (si el tribunal no puede determinar el valor del beneficio) el 10% de la facturación anual de la empresa durante los 12 meses anteriores a la ofensa; y
  • para personas: hasta 10 años de prisión y / o una multa de $ 2,1 millones de dólares australianos;
  • potencialmente, una acción en el marco de la legislación de las Ganancias del Crimen (Proceeds of Crime legislation), por ejemplo pagar una multa equivalente al valor de los beneficios derivados de la comisión de la ofensa; y
  • daño reputacional, así como el costo y la tensión de estar sujeto a una investigación penal y enjuiciamiento.

Las empresas pueden ser declaradas responsables de soborno cuando, por ejemplo, un alto directivo de la empresa participó en la conducta relevante, o autorizó o permitió la comisión del delito de forma tácita o implícita, aunque en este escenario existe una defensa de debida diligencia. Una empresa también puede ser considerada responsable cuando no pudo crear y mantener una cultura corporativa que exigía el cumplimiento con las disposiciones pertinentes.

Del mismo modo, la legislación en los estados y territorios australianos prohíbe la conducta que busca influir en un funcionario del estado o territorio para hacer un mal uso de su posición.

Prohibición de sobornar a funcionarios extranjeros

El Código Penal de Australia también prohíbe que una persona o empresa proporcione u ofrezca un beneficio que no le corresponde legítimamente a la persona receptora con la intención de influir en un funcionario público extranjero a fines de obtener o conservar un negocio o una ventaja comercial que no es legítimamente debida.

La ofensa se aplica a la conducta que ocurre totalmente o parcialmente en Australia (que puede incluir llamar o enviar correspondencia a o desde Australia), y a la conducta que ocurrió totalmente fuera de Australia si fue cometida por un ciudadano o residente australiano o una empresa australiana.

Los mismos puntos clave mencionados anteriormente para el delito involucrando al funcionario público australiano también aplican al delito de soborno de funcionario público extranjero, excepto que:

  • existe una defensa por “pago de facilitación”; y
  • la definición de funcionario público extranjero incluye empleados, contratistas o funcionarios de un departamento o agencia de gobierno extranjero, miembros de una fuerza militar o policial extranjera o miembros del poder ejecutivo, judicial o legislativo.

El Gobierno Australiano está considerando reformas significativas al delito de soborno de funcionario público extranjero. Los principales cambios que se están considerando incluyen la creación de un nuevo delito sobre sobornos imprudentes a un funcionario público extranjero y la creación de un nuevo delito corporativo por no prevenir el soborno en el extranjero. Si se implementan estos cambios, es probable que aumenten los riesgos de cumplimiento (compliance) para las empresas que operan en Australia.

Las sanciones por el delito de soborno del funcionario público extranjero son similares a las del delito involucrando a un funcionario público australiano, incluida la posibilidad de que se tomen medidas en virtud de la legislación de las Ganancias del Crimen (según se indicó anteriormente).

Infracciones por contabilidad falsa

El Código Penal de Australia también incluye delitos que penalizan las transacciones intencional o imprudentemente falsas por medio de documentos contables con el propósito de ocultar el otorgamiento o la recepción de beneficios que no son legítimamente debidos.

Estos delitos se introdujeron principalmente para atacar el soborno extranjero, pero la redacción amplia permite que puedan invocarse más allá de este contexto. Debido al menor umbral de prueba requerido, puede ser más fácil establecer un delito de contabilidad falsa que establecer los delitos de soborno discutidos anteriormente.

Los delitos de contabilidad falsa aplican a la conducta que ocurre dentro y fuera de Australia. Sin embargo, si la conducta se produjo completamente fuera de Australia por una persona que no es un ciudadano o residente australiano, o una empresa australiana, entonces se requiere el consentimiento del Procurador General (Attorney-General) para entablar una acción judicial.

Estos delitos también traen aparejados importantes sanciones. Cuando un delito es intencional, las penas reflejan las penas para el delito de soborno a funcionario público australiano y funcionario público extranjero. Cuando un delito es imprudente (reckless), las penas son la mitad de las penas máximas del delito intencional.

Prohibiciones sobre el soborno “privado”

Cada estado y territorio australiano tiene delitos que, en términos generales, prohíben:

  • que agentes acepten o soliciten de manera corrupta un beneficio como un incentivo o recompensa por un acto u omisión en relación con el negocio del mandante; y
  • que personas den u ofrezcan un beneficio corrupto a un agente con la intención de influir en el negocio del mandante.

Las sanciones por delitos de soborno y corrupción en virtud de la legislación estatal y territorial varían.

Algunos estados y territorios también tienen delitos del tipo de falsa contabilidad que se han invocado en el contexto de cargos por soborno privado.

Práctica anticorrupción de Herbert Smith Freehills

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24.2 Acuerdos de libre comercio

Los tratados de libre comercio (TLC) son tratados internacionales celebrados entre países que buscan promover la integración económica y facilitar un mayor comercio e inversión al reducir las barreras al comercio Los TLC pueden celebrarse entre dos países o entre grupos de países que abarcan distintas regiones.

En los últimos años, Australia ha buscado enérgicamente firmar más TLC. El objetivo declarado de la política del Gobierno australiano es maximizar los beneficios económicos que fluyen a Australia de los TLC. Según el gobierno, esos beneficios incluyen:

  • flujos comerciales más libres y lazos más fuertes con los socios comerciales de Australia;
  • aumento de la productividad australiana y un mayor crecimiento del PIB al permitir que las empresas nacionales tengan acceso a insumos más baratos, la introducción de nuevas tecnologías y el fomento de la competencia y la innovación; y
  • aumento de la competitividad de las exportaciones australianas en el mercado asociado y atractivo de Australia como destino de inversión.

Australia es parte de 11 TLC con países individuales o grupos de países. Estos son con Nueva Zelanda, Singapur, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of South East Asian Nations, ASEAN), los Estados Unidos, Tailandia, Chile, Malasia, Corea, Japón y China. y recientemente el Acuerdo .Comprensivo y Progresivo para la Asociación por el Transpacífico (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, por sus siglas en inglés CPTPP) celebrado entre 11 naciones del Pacífico.

El CPTPP entró en vigencia el 30 de diciembre de 2018 y es un acuerdo independiente que incorpora por referencia las provisiones de la Asociación por el Transpacífico (firmada pero no en vigencia aún), sin embargo, un grupo de estas disposiciones se encuentra suspendido. El CPTPP fue negociado después de que el Presidente Trump retirara a los Estados Unidos del TPP a comienzos de 2017 y las disposiciones suspendidas en su mayoría representan aquellas disposiciones que Estados Unidos apoyó pero que otras partes objetaron. El CPTPP mantiene el paquete original de acceso al mercado del TPP considerablemente.

También se están negociando varios TLC, incluido el TLC del Consejo de Cooperación Australia-Golfo (Australia-Gulf Cooperation Council, CCG), el Acuerdo Comprensivo de Cooperación Económica Australia-India (Australia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement), las Negociaciones de Mercancías Ambientales (Environmental Goods Negotiations), el Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico (Pacific Alliance Free Trade Agreement), Asociación Económica Comprensiva Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership), Acuerdo de Comercio en Servicios y el Tratado de Libre Comercio entre Australia y (Australia-European Union Free Trade Agreement).

Adicionalmente, existen varios TLCs que se firmaron recientemente en 2018 por Australia pero que no han entrado en vigencia aún, incluyendo el Acuerdo  de Asociación  Económica Comprensivo  Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership  Agreement), el Tratado de Libre Comercio  Perú-Australia (Peru-Australia Free Trade Agreement), el Tratado de Libre Comercio  entre Australia y Hong Kong (Australia-Hong Kong Free Trade Agreement) y el Acuerdo Pacífico en Relaciones Económicas Más Cercanas (Pacific Agreement on Closer Economic Relations, por sus siglas en inglés PACER) el cual es entre Australia, Nueva Zelanda y 8 naciones de Islas del Pacífico.

Como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Australia defiende disciplinas de comercio legal en sus TLC para asegurar que apoyen el sistema de comercio internacional. En el marco de las reglas de la OMC, los TLC deben eliminar los aranceles y otras restricciones sobre “sustancialmente todo el comercio” de bienes entre sus países miembros y eliminar sustancialmente toda discriminación contra los proveedores de servicios de los países miembros (ayudando a aumentar el comercio de servicios).

Un área que ha sido objeto de mucha atención y controversia recientemente es la inclusión en los TLC de los mecanismos de solución de controversias del estado inversionista. Dichos mecanismos permiten a los inversionistas extranjeros presentar reclamos directos contra los gobiernos donde se violan las protecciones del tratado, por ejemplo donde las inversiones son expropiadas. El objetivo de incluir dichos mecanismos es aumentar la confianza de los inversionistas y, en consecuencia, la inversión en el país de acogida. Sin embargo, los críticos afirman que tales protecciones colocan a los inversionistas extranjeros en una posición más favorable en comparación con los inversionistas nacionales y pueden obstaculizar la legítima regulación gubernamental.

24.3 Regulación de las exportaciones

General

Existen limitaciones bastante mínimas para las exportaciones desde Australia. La mayoría de los bienes y servicios exportados no están sujetos al impuesto al valor agregado (GST, por sus siglas en inglés, Good and Services Tax), siempre que se exporten dentro de un plazo predeterminado en el que se emite una factura o se recibe el pago.

Controles de exportación de bienes de defensa

El Gobierno de Australia mantiene políticas de control de exportaciones para bienes de defensa y bienes y tecnologías estratégicos (incluidos artículos militares y artículos con “doble uso” que pueden adaptarse a programas militares o sistemas de armas) para garantizar que se exporten de conformidad con los intereses nacionales y las obligaciones internacionales de Australia (incluidos los regímenes de sanciones). Los controles a la exportación se llevan a cabo en el marco de la legislación pertinente, incluida la Ley de Control del Comercio de Defensa de 2012 (Defence Trade Controls Act 2012 (Cth)) y la Ley de Aduanas de 1901 (Customs Act 1901 (Cth)).

Los sistemas de control de exportaciones de Australia evolucionan continuamente para dar cuenta de los cambios en las circunstancias estratégicas de Australia. En consecuencia, las personas y entidades extranjeras que realizan negocios en Australia debiesen revisar periódicamente las políticas y procedimientos de exportación de defensa de Australia, y buscar asesoramiento jurídico independiente antes de comenzar actividades comerciales que puedan involucrar la exportación de bienes y tecnologías de defensa y estratégicos.

24.4 Regulación de las importaciones

General

La importación está regulada por una serie de leyes en Australia, incluida la Ley de Aduanas de 1901. No existe un requisito general para los importadores de poseer una licencia de importación para importar bienes a Australia. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los bienes e independientemente del valor, se puede exigir a los importadores que obtengan permisos para retirar ciertos productos importados del control aduanero.

La importación de ciertos bienes puede estar prohibida o restringida en virtud del Reglamento de Aduanas (Importaciones Prohibidas) de 1956 (Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956 (Cth)). Esto incluye la importación de armas de fuego y otras armas. Para algunos de estos productos, se requieren permisos antes de la importación.

Aranceles e impuestos

En la mayoría de los casos, los aranceles aduaneros aduana y los impuestos de la Mancomunidad se aplican al valor de los bienes importados, incluso en virtud de la Ley del Arancel de Aduanas de 1995 (Customs Tariff Act 1995 (Cth)). La tasa del arancel a pagar depende de la clasificación arancelaria de los bienes.

Sin embargo, los bienes pueden ser importados libres de impuestos a través de tratados de libre comercio o sobre la base de esquemas de concesión de derechos (duty concession schemes). Uno de esos esquemas es el Esquema de Concesiones de Aranceles (TCS, por sus siglas en inglés, Tariff Concession Scheme) que se estableció en 1992. Las concesiones bajo el TCS se aplican a productos importados cubiertos por una orden de concesión arancelaria (TCO, por sus siglas en inglés, Tariff Concession Order). Por lo general, las TCO solo se conceden cuando no se fabrican productos sustituibles en Australia.

Antidumping

El dumping se produce cuando los exportadores venden productos a Australia a precios inferiores al “valor normal” de los productos, que suele ser el precio interno de los bienes en el país de exportación. La subvención se produce cuando los bienes importados se benefician de la ayuda del gobierno en el país de exportación.

Si bien el dumping y las subvenciones no están prohibidos por la legislación australiana, el sistema antidumping y compensatorio (antisubvenciones) de Australia, administrado por la Comisión Antidumping (Anti-Dumping Commission), puede dar lugar a la imposición de medidas antidumping (incluidos aranceles como el arancel ad valorem, aranceles fijos, precio mínimo o una combinación de aranceles fijos y variables) o aranceles “compensatorios” que compensan el monto de la subvención pertinente.

Los miembros de la industria australiana pueden solicitar a la Comisión Antidumping que investigue las reclamaciones por dumping o subvenciones que hayan causado o amenacen causar un daño importante. El Ministro decide si derechos especiales debiesen imponerse sobre la base de la recomendación de la Comisión Antidumping.

24.5 Regímenes de sanción

Las leyes de sanciones de Australia implementan las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC por sus siglas en inglés) y las sanciones autónomas de Australia.

El Artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas permite al UNSC imponer sanciones contra las naciones que representen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Como estado miembro de las Naciones Unidas, Australia está obligada a aplicar las sanciones del UNSC a nivel nacional. Las sanciones se implementan mediante la promulgación de nuevas regulaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 (Charter of the United Nations Act 1945 (Cth)). El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT, por sus siglas en inglés, Department of Foreign Affairs and Trade) tiene la responsabilidad de implementar la legislación que dé efecto a las decisiones relacionadas con sanciones del UNSC, incluso con respecto a la congelación de activos terroristas.

Australia también impone sanciones en algunos tratos con ciertos países e individuos para apoyar sus objetivos de política exterior. Las sanciones autónomas se implementan en virtud de la Ley de Sanciones Autónomas de 2011 (Autonomous Sanctions Act 2011 (Cth)) y las Regulaciones de Sanciones Autónomas de Australia de 2011 (Australian Autonomous Sanctions Regulations 2011) y otras normas relacionadas. DFAT también administra estas sanciones. Los regímenes autónomos de sanciones de Australia pueden complementar los regímenes de sanciones del UNSC o estar separados de ellos.

Las medidas de las sanciones varían para cada régimen de sanciones y pueden incluir prohibiciones generales sobre:

  • hacer un “suministro sancionado” de “bienes sancionados por exportación”;
  • hacer una “importación sancionada” de “bienes sancionados por importación”;
  • proporcionar un “servicio sancionado”;
  • participar en una “actividad comercial sancionada”;
  • tratar con una “persona o entidad designada”;
  • usar o tratar con un “bien controlado”; o
  • la entrada o el tránsito por Australia de una “persona designada” o una “persona declarada”.

Los regímenes de sanciones impuestos por jurisdicciones extranjeras, como la Unión Europea y los Estados Unidos (EE.UU.), también pueden afectar las transacciones de personas y entidades extranjeras que hacen negocios en Australia. Dichos regímenes pueden ser activados cuando los ciudadanos de esas jurisdicciones o las entidades que son propiedad exclusiva de nacionales de esas jurisdicciones participan en transacciones en Australia.

Tanto los regímenes de sanciones internacionales como los australianos están sujetos a cambios con regularidad y deben ser consultados por variaciones. Recientemente, en mayo de 2018, los EE.UU se retiraron del Plan de Acción Integral Conjunto (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA , por sus siglas en inglés); un acuerdo respaldado por la Resolución 2231 del UNSC que prometía a Irán el alivio gradual de las sanciones a cambio de la reforma nuclear. Desde entonces, los EE.UU. ha tomado medidas para volver a imponer las sanciones de los EE.UU. alzadas  o eliminadas de acuerdo con el JCPOA. Mientras que DFAT ha indicado que no hay un cambio previsto para el UNSC de Australia y el régimen de sanciones autónomo, las empresas australianas deben buscar asesoramiento legal sobre el efecto de estos regímenes de sanciones en sus actividades comerciales.

La información sobre la implementación de sanciones autónomas y del UNSC en Australia así como las adiciones al registro de "personas o entidades designadas" está disponible en el sitio web de DFAT

Las personas y entidades extranjeras que realicen negocios en Australia debiesen familiarizarse con el funcionamiento de los regímenes de sanciones de Australia y buscar asesoramiento jurídico independiente antes de comenzar actividades comerciales que puedan verse afectadas por los regímenes de sanciones.

Este capítulo está actualizado al 31 de enero de 2018.

24.6 Leyes de Denuncia (Whistleblowing Laws)

Australia ha actualizado recientemente sus leyes relativas a la denuncia privada (whistleblowing laws). El Proyecto de Ley de Enmienda de las Leyes del Tesoro de 2018 (Mejorando la Protección del Denunciante) (Proyecto de Ley de Denuciante):

  • consolidará las leyes existentes sobre denuncias privadas en la Ley de Sociedades Anónimas de 2001 (Corporations Act 2001 (Cth));
  • mejorará las protecciones existentes para los denunciantes; y
  • introducirá un requisito para que las empresas públicas y grandes propietarias tengan una política de denuncios.

Las nuevas leyes comenzarán el 1 de julio de 2019. Las leyes existentes continuarán aplicándose hasta esa fecha.

Tanto las leyes existentes como las nuevas contienen protecciones para los denunciantes que prohíben victimizar o divulgar información confidencial sobre los denunciantes. Hay sanciones importantes bajo las nuevas leyes por no cumplir con estas protecciones. Ambas serán disposiciones de penalización civil en virtud de la Ley de Sociedades Anónimas de 2001 (Cth) y por lo tanto podrían dar lugar a sanciones civiles. Ambos serán también delitos, lo que podría potencialmente dar lugar a multas o encarcelamiento. Los denunciantes también podrán buscar una compensación cuando hayan sido víctimas.

A partir del 1 de julio de 2019, estas protecciones se aplicarán a las "divulgaciones protegidas" como informes de denunciante, siendo aquellas:

  • que son realizadas por un denunciante elegible (incluidos funcionarios, empleados, proveedores y asociados de la empresa, un familiar o un dependiente de cualquiera de esas personas);
  • que se hacen a un destinatario elegible (incluidos ASIC, APRA o, en relación con una compañía, funcionarios, empleados, gerentes, ejecutivos, auditores, actuarios de la compañía o una persona autorizada por la compañía para recibir divulgaciones); y
  • cuando el informe se relaciona con delitos específicos o el denunciante tiene motivos razonables para sospechar que la información se refiere a una conducta indebida o situaciones o circunstancias inadecuadas en relación con la empresa (a excepción de ciertos reclamos personales relacionados con el trabajo).

Las empresas deben tener procesos y procedimientos preparados para garantizar que las divulgaciones protegidas sean identificadas, enviadas a los superiores, evaluadas, investigadas, accionadas e informadas de manera coherente con las protecciones de confidencialidad y no victimización.

A partir del 1 de enero de 2020, también se requerirá que las compañías públicas y propietarias exclusivas tengan una política de denunciante que establezca ciertos asuntos, como a quién se pueden hacer las divulgaciones protegidas. Será un delito no cumplir con este requisito. De manera similar, la 4ª edición de los Principios y Recomendaciones de Gobierno corporativo recomienda que las empresas que cotizan en bolsa tengan una política de denunciante y sugiere que cubra ciertos (diferentes) temas. Esta edición entrará en vigencia para el primer año fiscal completo de una entidad que comience en o a partir del 1 de enero de 2020.

24.7 Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera

Australia ha implementado recientemente un conjunto de medidas destinadas a combatir la amenaza del espionaje, la interferencia extranjera y la influencia secreta en Australia. Una de esas medidas es la Ley de Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera 2018 (Cth) (el Esquema), que comenzó en el 10 de diciembre de 2018.

El objetivo del Esquema es aumentar la visibilidad del alcance de la influencia extranjera en los procesos políticos y gubernamentales de Australia. El Esquema impone el registro y otras obligactiones a las personas que realicen o concuerden en realizar ciertas actividades, en su mayoría políticas, a nombre de directores extranjeros.

Las actividades cubiertas por el Esquema incluyen lobby o cabildeo político general y parlamentario en Australia, actividades de comunicaciones y desembolsos, y actividades realizadas por ex ministros del gabinete australiano y algunos otros funcionarios de alto nivel. El hecho de que una actividad sea registrable dependerá del tipo de capital extranjero involucrado, la actividad que se realice y, en algunos casos, si el propósito de esa actividad es la influencia política o gubernamental.

Hay una serie de exenciones disponibles, que incluyen actividades diplomáticas, organismos representativos de la industria, organizaciones benéficas registradas y sindicatos. Se aplican exenciones limitadas para fines comerciales o de negocios.

En particular:

  • la definición de capital extranjero es amplia y abarca no solo a gobiernos extranjeros y organizaciones políticas extranjeras, sino también a entidades relacionadas con gobiernos extranjeros u organizaciones políticas extranjeras en ciertas formas prescritas;
  • si es necesario registrarse, una persona debe proporcionar cierta información al gobierno australiano, que puede publicarse en un registro público de transparencia; y
  • los solicitantes de registro están sujetos a una serie de requisitos continuos de informes, divulgación y mantenimiento de registros. También hay mayores requisitos de información durante los períodos de elecciones australianos.

El Esquema crea delitos por no registrarse en el Esquema, no cumplir con las obligaciones del Esquema, proporcionar información falsa o engañosa al Departamento y destruir los registros con la intención de evitar o derrotar el objeto del Esquema.

Antes de realizar cualquiera de las actividades cubiertas por el Esquema, las empresas, especialmente aquellas con algún elemento de propriedad del gobierno extranjero, deben familiarizarse con el Esquema y buscar asesoramiento legal independiente en cuanto a su aplicación y requisitos.

24.8 Esclavitud moderna

Las entidades australianas y las entidades que realizan negocios en Australia con una renta consolidada de $100 millones de dólares o más, ahora deberán informar sobre las medidas tomadas por la entidad informante para abordar los riesgos de esclavitud moderna dentro de sus operaciones y cadenas de suministro. El propósito del régimen es reducir la probabilidad de prácticas modernas de esclavitud que tienen lugar en la provisión de bienes o servicios en el mercado australiano.

"Esclavitud moderna" significa conducta que constituye:

  • ciertos delitos relacionados con la esclavitud en virtud de la legislación penal vigente en Australia, incluidos la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y el matrimonio forzado; o
  • el trabajo infantil o el tráfico de personas tal como se define en los convenios internacionales particulares

Según la Ley de Esclavitud Moderna 2018 (Modern Slavery Act 2018 (Cth)), las entidades informantes deberán publicar anualmente una declaración de esclavitud moderna. La primera declaración debe publicarse dentro de los 6 meses posteriores a la finalización del año fiscal 2019/2020 de la entidad.

La declaración de esclavitud moderna debe describir:

  • la estructura, operaciones y cadenas de suministro de la entidad informantes;
  • los riesgos de las prácticas modernas de esclavitud en las operaciones y cadenas de suministro de la entidad informante;
  • las acciones tomadas por la entidad informante para evaluar y abordar esos riesgos, incluidos los procesos de debida diligencia y remediación; y
  • cómo la entidad informante evalúa la efectividad de tales acciones.

Al momento de esta publicación, no existe ninguna penalidad por no realizar una declaración moderna de esclavitud. Sin embargo, el Ministerio puede pedirle a una entidad informante que explique por qué no cumplió con sus requisitos de información y/o solicitar que tomen medidas correctivas. Si la entidad informante no proporciona una explicación o no toma medidas correctivas, el Ministerio puede publicar la identidad de la entidad y los detalles sobre el incumplimiento de la entidad de sus obligaciones de información.

NSW también ha introducido una legislación moderna sobre esclavitud, con obligaciones de información. Se pretende que las compañías que informan bajo el régimen de la Mancomunidad (Commonwealth) satisfagan los requisitos de la ley de NSW (aunque la interacción entre las leyes aún está por formalizarse). Las entidades deben considerar si tienen obligaciones bajo las leyes de la Mancomunidad (Commonwealth) y/o NSW.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019

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