Chapter 6

Regulación de Servicios Financieros

La aplicación de la legislación australiana a la prestación de servicios financieros es un tema altamente técnico y cualquier propuesta específica debe considerarse en función de sus propios méritos.

6.1 Negocio bancario

Una entidad que lleva a cabo “actividades bancarias” en Australia debe ser una institución autorizada para la captación de depósitos (ADI, por sus siglas en inglés, authorised deposit-taking institution) supervisada por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA, por sus siglas en inglés, Australian Prudential Regulation Authority). A los efectos de la Ley de Bancos de 1966 (Cth) (y sus modificaciones posteriores) (Banking Act 1966), una entidad realiza negocios bancarios si:

  • toma depósitos; y
  • hace préstamos y anticipos.

Una entidad regulada como ADI está sujeta a la exhaustiva supervisión de la APRA en una variedad de asuntos que incluyen la conducta prudencial, la adecuación de capital, la gobernabilidad y la subcontratación. El efecto de estas políticas es colocar límites significativos en la conducta de las ADIs.

Algunos aspectos específicos del negocio bancario también están sujetos a la regulación del Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés, Reserve Bank of Australia), la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC por sus siglas en inglés, Australian Securities and Investments Commission) y el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC, por sus siglas en inglés, Australian Transaction Reports and Analysis Centre).

Un banco extranjero que desee establecerse en Australia podría tratar de convertirse en una ADI mediante la constitución de una nueva filial que esté sujeta a la supervisión de la APRA. Alternativamente, un banco extranjero podría solicitar el registro como una ADI extranjera. Si se concede este tipo de aprobación, la ADI extranjera es supervisada por el regulador pertinente en su propia jurisdicción. Típicamente, sin embargo, habrá restricciones en sus operaciones que son impuestas por la APRA. Estas restricciones probablemente incluirán:

  • un monto mínimo de depósito inicial (de, digamos, $500.000 dólares australianos) que puede ser aceptado por la ADI extranjera por parte de un residente australiano;
  • divulgación a clientes (y cualquier otro tercero) del hecho de que la ADI extranjera está sujeta a la supervisión prudencial en otro lugar y no por la APRA; y
  • un requisito de mantener capital líquido dentro de la sucursal australiana de la ADI extranjera suficiente para cumplir con los pasivos que son o puedan ser pagaderos dentro de los próximos 30 días.

Otra alternativa disponible para un banco extranjero es establecer una oficina de representación en Australia. Esto puede permitirle mantener una presencia para que pueda recibir consultas sobre los servicios que presta en el extranjero. Una oficina de representación no realiza negocios en Australia.

El uso del término “banco” requiere la aprobación de la APRA y generalmente es condicional.

Los bancos tienen poder para negociar en moneda extranjera, excepto en ciertas transacciones que involucran gobiernos y agencias extranjeras.

6.2 Sistemas de pago

Como principal preocupación, la regulación de los sistemas de pago en Australia está dirigida a las partes que tienen valores en nombre de clientes. Según la Ley de (Regulación de) Sistemas de Pago de 1998 (Payment Systems (Regulation) Act 1998 (Cth)), una entidad que participa en un “sistema de pago designado” y que posee valores para un cliente debe ser una ADI o un proveedor de sistemas de pago adquirido (purchased payment facility provider) aprobado por la APRA. Para estos efectos, los sistemas de pago designados incluyen, por ejemplo, VISA, MasterCard y American Express, así como servicios nacionales de compensación y liquidación como EFTPOS.

Existen algunas excepciones a este requisito, incluido el almacenamiento de valores que puede utilizarse para pagar a no más de 50 personas, o el almacenamiento de valores que no exceda de $10 millones de dólares australianos. Esto proporciona cierto alivio para las pequeñas empresas durante una fase de puesta en marcha.

En la práctica, algunos proveedores de sistemas de pago entran en un acuerdo de alianza con una ADI de modo que bajo la estructura de la alianza, los valores se almacenen con la ADI para el beneficio de los clientes del proveedor.

Australia también tiene un Código de pagos electrónicos (e-Payments Code), un código voluntario de prácticas que regula los pagos electrónicos (incluidos ATM, EFTPOS, transacciones con tarjeta de débito y crédito, pagos en línea, banca móvil y por Internet y BPAY). Los bancos, cooperativas de crédito, sociedades de préstamo inmobiliario y otros proveedores de servicios de pago electrónico a los consumidores pueden optar por suscribirse a este Código. Los suscriptores deben garantizar que cumplirán con el Código en los términos y condiciones que brindan a los consumidores, y los consumidores pueden presentar reclamos sobre el incumplimiento del Código al suscriptor.

En general, el Código:

  • requiere que los suscriptores brinden a los consumidores términos y condiciones claros e inequívocos, información sobre cambios a los términos y condiciones (como aumento en las tarifas), recibos y estados de cuenta;
  • establece las reglas para determinar quién paga las transacciones no autorizadas; y
  • establece un régimen para recuperar los pagos erróneos por Internet.

Aunque no es un requisito legal estricto, la ASIC espera que un titular de una Licencia de Servicios Financieros de Australia (AFSL, por sus siglas en inglés, Australian Financial Services Licence) cumpla con el Código de pagos electrónicos como una cuestión de buenas prácticas de la licencia, si ese código es pertinente a cualquiera de esos productos.

6.3 Otras regulaciones de servicios financieros

Regulación del Capítulo 7 y el Régimen de la Licencia de Servicios Financieros de Australia 

Algunos productos y servicios de los proveedores de servicios financieros (incluidos los bancos y otras instituciones financieras) están sujetos a regulación en virtud de las disposiciones de servicios financieros del Capítulo 7 de la Ley de Sociedades. El Capítulo 7 se aplica a un proveedor de servicios financieros cuyo objetivo son clientes ubicados en Australia, incluso si ese proveedor de servicios financieros no tiene un lugar de negocios en Australia.

El Capítulo 7 de la Ley de Sociedades regula la industria de servicios financieros de varias maneras:

  • Se regula la conducta en relación con una amplia gama de productos financieros, incluidos los valores (tales como acciones y obligaciones (debentures), consulte el Capítulo 8 "Captación de Fondos" de esta publicación), derivados, contratos de divisas, productos de seguros generales y de vida, participaciones en esquemas de inversión administrada (managed investment schemes), cuentas de depósito, derechos de jubilación y medio de pago no en efectivo tales como tarjetas inteligentes (smart cards), cheques, cheques de viajero y ciertos medios de pago electrónico y préstamos de margen (margin lending). Otras formas de productos de crédito están específicamente excluidas del régimen de servicios financieros.
  • Los proveedores de servicios financieros están sujetos a un régimen único de licencia. Esto incluye a los bancos que participan en la emisión, negociación o asesoría en relación con productos financieros.
  • Los proveedores de servicios financieros enfrentan obligaciones de protección y divulgación al consumidor en relación a ciertas actividades relacionadas con servicios y productos financieros.

En términos generales, las personas que emiten productos financieros regulados a clientes minoristas enfrentan obligaciones de divulgación inicial y continua más amplias que las que tratan solo con clientes mayoristas. Las entidades también debiesen considerar las disposiciones de protección al consumidor bajo la Ley de la Comisión Australiana de Inversiones y Valores de 2001 (Investments Commission Act 2001 (Cth)) y la Ley Australiana de Protección al Consumidor (consulte el Capítulo 15 de esta publicación "Protección al Consumidor y Responsabilidad del Fabricante") así como las leyes de privacidad de datos (consulte el Capítulo 22 de esta publicación “Privacidad”).

Existen algunas excepciones al régimen de licencias en las cuales los productos financieros están exentos según reglamentaciones u Órdenes de Clase (Class Orders).

Ley de (Recopilación de Datos) del Sector Financiero 

En conformidad a la Ley de (Recopilación de Datos) del Sector Financiero del 2001 (Financial Sector (Collection Of Data) Act 2001 (Cth)) una entidad que desarrolla negocios en Australia y tiene activos que provienen de financiacion debe registrarse en la APRA si la suma de sus activos que surgen de la provisión de financiamiento, en Australia superan la suma de $50 milliones de dólares australianos.

  1. la suma de sus activos.
  2. que surgen de la provisión de financiamiento, en Australia superan la suma de $50 milliones de dólares australianos.

Una entidad registrada, tiene la obligación de informar mensualmente a la APRA. Las obligaciones de información incluyen activos relevantes de empresas relacionadas (ya sean registradas o no) que de otro modo no serían informados. En la práctica, la APRA usualmente solo requiere informes trimestrales hasta que los activos de una entidad registrada que surgen de la provision de financiamiento superen los $250 millones de dólares australianos.

El objetivo de la Ley es permitir que la APRA recopile datos sobre el nivel de endeudamiento en Australia. Esto informa la política monetaria establecida por el Banco de la Reserva de Australia y permite a la Oficina de Estadísticas de Australia publicar información precisa sobre el endeudamiento de Australia, para los efectos de garantizar la transparencia en el mercado en beneficio de los inversionistas.

Desde comienzos de 2018, bajo la Ley de Bancos de 1966 (y sus modificaciones posteriores) (Banking Act 1966 (Cth)), APRA ha tenido la facultad de imponer estándares cautelares a entidades registradas como compañías financieras bajo la Ley de (Recopilación de Datos) del Sector Financiero del 2001 (Financial Sector (Collection Of Data) Act 2001 (Cth). A la fecha APRA no ha ejercido dicha facultad, y su Presidente ha señalado que por el momento no pretende hacerlo

Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2006

Una entidad que proporcione servicios de crédito o financieros proporcionará casi con certeza un "servicio designado" a los efectos de la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2006 (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth)) (Ley AML/CTF, por sus siglas en inglés, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing). La Ley AML/CTF fue introducida para cumplir con las obligaciones de tratados internacionales de Australia establecidas por el Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés, Financial Action Task Force). Sus objetivos más amplios incluyen detectar, disuadir e interrumpir el lavado de dinero y financiación del terrorismo (ML/TF) y otros serios crímenes financieros.

Si una entidad proporciona servicios designados para efectos de la Ley AML/CTF, se considerará una "entidad informante" y estará sujeta a la regulación del AUSTRAC. Esto tiene numerosas consecuencias, que incluyen que la entidad que reporta deberá:

  • registrarse con AUSTRAC;
  • llevar a cabo una evaluación del riesgo ML/TF de su negocio teniendo en consideración cuestiones como el perfil del cliente, las jurisdicciones afectadas por el servicio financiero y el riesgo específico del producto o canal;
  • establecer, mantener y adherirse a un programa efectivo AML/CTF que esté aprobado y supervisado a nivel de Junta y que sea diseñado para identificar, mitigar y gestionar dichos los riesgos Ml/TF en referencia al rango de los asuntos prescritos; y adherirse a varias obligaciones, incluyendo en relación con la indentificacióny verificación inicial de clientes monitorie de transacciones para identificar actividad inusual que pueda sugerir actividades ML/TF u otro tipo de crimen financiero; reportar ciertos asuntos a AUSTRAC (incluyendo actividad sospechosa de transacciones en efectivo o moneda digital por encima de ciertos umbrales, transferencias internacionales e informes de cumplimiento anuales) y debida diligencia adicional en relación con clientes, empleados y otros terceros:
  •  adherirse a varias obligaciones incluyendo en relación con:
    • identificación y verificación inicial de clientes;
    • monitoreo de transacciones para detectar actividad inusual que pueda sugerir actividad ML/TF o de otro crimen financiero;
    • reportar ciertos asuntos a AUSTRAC (incluyendo cierta actividad sospechosa , dinero por encima de umbrales y transacciones electrónicas, transferencias internacionales e informes anuales de cumplimiento); y
    • debida diligencia adicional en relación con clientes, empleados y otros terceros.

El AUSTRAC es un regulador activo que hace cumplir la legislación. La legislación actualmente prescribe una multa civil de $21 millones de dólares australianos por cada infracción de la Ley.

Ley de Informes de Transacciones Financieras

La Ley de Informes de Transacciones Financieras de 1988 (Financial Transaction Reports Act 1988 (Cth)) opera junto con la Ley AML/CTF e impone una serie de obligaciones a los operadores de dinero en efectivo (cash dealers), incluida la obligación de informar transacciones sospechosas, transacciones en efectivo de $10.000 dólares australianos o más o el equivalente en moneda extranjera, e instrucciones de transferencia de fondos internacionales al AUSTRAC. Para estos efectos, un operador de dinero en efectivo está ampliamente definido, y no se limita a las partes que de hecho transan monedas. Por ejemplo, cualquier titular de una AFSL es un operador de dinero en efectivo. También requiere la verificación de la identidad de las personas que son signatarias de cuentas, y prohíbe que las cuentas se abran o funcionen con un nombre falso.

6.4 Regulación del crédito al consumo

En términos generales, se requerirá una licencia de crédito australiana para una empresa que proporciona crédito a personas que residen habitualmente en Australia, donde se otorga el crédito para:

  1. fines personales domésticos o del hogar; o
  2. inversión en o mejora de los bienes inmuebles residenciales.

Este tipo de crédito está sujeto al Código Nacional de Crédito (contenido en la Ley Nacional de Protección al Crédito al Consumidor de 2009 (National Consumer Credit Protection Act 2009 (Cth)) (NCC, por sus siglas en inglés, National Consumer Credit Protection Act) y el proveedor de crédito:

  1. debe cumplir con obligaciones de préstamos responsables; y
  2. está sujeto a una gama de expectativas de política del regulador, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés, Australian Securities and Investments Commission).

De conformidad a la NCC, existen requisitos de carácter altamente obligatorios relacionados con la forma y el contenido de la documentación de préstamos y garantías, así como las divulgaciones y avisos legales que deben hacerse. La NCC especifica los mecanismos para hacer cumplir los préstamos, prescribe un proceso para tratar las variaciones del contrato solicitadas por un deudor por excesiva onerosidad sobreviniente (hardship), proporciona alivio contra los términos de un acuerdo que pueden caracterizarse como "injustos", y también establece que las disputas sean tratadas por un esquema aprobado de solución de controversias externo que tiene jurisdicción para tomar decisiones que son vinculantes para el proveedor de crédito. En la actualidad, los esquemas aprobados de solución de controversias externos son el Servicio del Defensor del Pueblo Financiero (Financial Ombudsman Service) y el Defensor del Pueblo del Crédito y Seguros (Credit and Insurance Ombudsman), pero los responsables de las políticas públicas proponen la fusión de estos esquemas.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019

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