La ACL contiene numerosas obligaciones que regulan cómo las empresas pueden interactuar con los consumidores (incluso a través de Internet). El enfoque predominante de las actividades de cumplimiento recientes de la Comisión Australiana para la Competencia y Protección del Consumidor (ACCC, por sus siglas en inglés, Australian Competition And Consumer Commission) ha sido la prohibición de "conductas engañosas y falsas" en los negocios o el comercio. Las empresas deben tener especial cuidado de asegurarse de no hacer declaraciones engañosas a los consumidores en Australia sobre sus productos y servicios o sobre qué recursos podrían estar disponibles bajo la ACL en relación con los reclamos por productos o servicios.

La ACL también prohíbe la "conducta desmedida" (unconscionable conduct) en relación con el suministro de bienes o servicios. Al considerar si la conducta puede clasificarse como desmedida, se tienen en cuenta factores tales como el poder de negociación relativo de la empresa y del cliente, y si la empresa utilizó una influencia, presión o táctica desleal indebida.

La ACL también contiene disposiciones que prohíben los términos contractuales injustos contenidos en “contratos tipo” estándar entre una empresa y un consumidor individual. Los términos contractuales injustos son términos que causarían un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes en virtud del contrato, no son razonablemente necesarios para proteger los intereses legítimos de la parte que obtiene la ventaja y causarían perjuicio (financiero o de otro tipo) si se confiara en ellos. Un término que se considera un término contractual injusto es nulo.

Este régimen de los términos contractuales injustos se ha extendido a ciertos contratos entre empresas en los que al menos una de las partes es una empresa pequeña y el precio inicial pagadero según el contrato no es superior a $300.000 dólares australianos o $1 millón de dólares australianos si el contrato es por más de 12 meses.

Las empresas también deben tener en cuenta cómo presentan sus precios. La ACL prohíbe a las empresas indicar el precio de los bienes o servicios para los consumidores como un componente del precio total, a menos que un precio único también sea prominentemente especificado. El precio único debe incluir todos los componentes cuantificables, incluidos los impuestos o cargos aplicados. Existen algunas limitadas excepciones a esta regla; por ejemplo, los restaurantes que aplican recargos de menú en días específicos pueden estar exentos de los requisitos de los “precios compuestos”.

La ACL impone obligaciones de protección al consumidor a las empresas que realizan prácticas de venta no solicitadas (incluidas las ventas a domicilio y las ventas por teléfono) y que realizan transacciones de compraventa en cuotas con los clientes. Ha habido una mayor actividad de cumplimiento en esta área en los últimos tiempos.

La ACL también prohíbe ciertos tipos de declaraciones falsas, venta de referencias (referral selling), acoso indebido en un lugar de residencia o negocio, el suministro de productos no seguros, el envío de tarjetas de crédito no solicitadas y el pago por el suministro de productos no solicitados. 

La ACL confiere poderes de cumplimiento a la ACCC en relación con las disposiciones de protección al consumidor. La ACCC puede emitir avisos de comprobación (substantiation), que requieren que una empresa produzca información o documentos, y puede emitir avisos de infracción imponiendo una sanción financiera. Cuando se inician los procedimientos judiciales, las sanciones civiles por incumplimiento de la ACL pueden ser de hasta $1,1 millones de dólares australianos a empresas y hasta $220.000 de dólares australianos a personas por cada contravención. Las sanciones civiles serán materialmente más altas que las multas asociadas a un aviso de infracción. Por ejemplo, a una empresa se le ordenó el 2016 pagar $ 6 millones de dólares australianos en relación con múltiples declaraciones en un caso histórico ante el Tribunal Federal  por participar en una conducta engañosa. La ACCC también puede exigir a las empresas que publiquen publicidad correctiva, implementen programas de cumplimiento e inhabiliten a personas en puestos directivos. 

Cuando se inician los procedimientos judiciales, las sanciones civiles por incumplimiento de la ACL por parte de empresas pueden ser la mayor entre:

•  $10 millones de dólares australianos;
• tres veces el valor del beneficio recibido; y
• cuando el beneficio no puede ser calculado, 10% de la facturación en los 12 meses precedentes.

Para individuos, la sanción puede ser de hasta $500,000 dólares australianos por cada contravensión.

Las sanciones civiles serán materialmente más altas que las multas asociadas a un aviso de infracción. Por ejemplo, en un caso en una corte federal  en 2018, a una empresa se le ordenó pagar $10 millones de dólares australianos a título de sanción por haberse envuelto en conductas demesuradas relacionadas con transacciones con clientes en relación con sus derechos legales, incluyendo potenciales derechos bajo garantías estatutorias de protección del consumidos, vinculados con las conductas denunciadas.

La ACCC también puede exigir a las empresas que publiquen publicidad correctiva, implementen programas  de cumplimiento e inhabiliten a personas en puestos directivos.