Chapter 12

Principios de Libre Competencia

La Ley de Competencia y del Consumidor de 2010 (CCA, por sus siglas en inglés, Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) regula la libre competencia en Australia. Prohíbe una gama de conductas anticompetitivas, rige la actividad de fusión y regula las transacciones de las empresas con los clientes en virtud de la Ley Australiana de Protección al Consumidor (Australian Consumer Law).

La CCA establece procesos de autorización y notificación para permitir conductas que de otro modo estarían prohibidas por la legislación, como fusiones, mantenimiento del precio de reventa, uso indebido del poder de mercado, conducta de cárteles y trato exclusivo. Recientemente se implementaron importantes reformas a la regulación de la libre competencia en Australia. Las nuevas leyes incluyen la introducción de una prohibición a las prácticas concertadas y una disminución de la prueba de libre competencia (competition test) en la prohibición del uso indebido del poder de mercado.

La contravención de la CCA conlleva significativas sanciones, con la Comisión Australiana para la Competencia y Protección del Consumidor (ACCC, por sus siglas en inglés, Australian Competition And Consumer Commission), el organismo responsable de hacer cumplir la CCA, persiguiendo cada vez más la prosecución penal de las empresas y las personas por la conducta de cartel. En mayo de 2018, la ACCC llevó a cabo procedimientos exitosos ante la Corte Federal Completa (Full Federal Court) en contra de Yazaki Corporation, a quien se le ordenó pagar una penalidad de $46 millones de dólares australianos por conducta de cartel, la penalidad más alta nunca antes impuesta por la CCA. Asimismo, en 2018 la ACCC llevó a cabo dos procedimientos penales por cartel que incluyeron a individuos como co-demandados, la primera vez que esto se presenta en Australia. Las prioridades de la ACCC en términos de ejecución en 2018 incluyeron prácticas engañosas y falsas (especialmente en relación con distorisión de las garantías de consumidores), conducta anticompetitiva, seguridad de productos y cláusulas contractuales abusivas afectando pequeños negocios o a franquiciantes, con énfasis particular en conductas violatorias en servicios financieros y en los sectores energético y marcado online. La ACCC también está promoviendo penas mayores en relación con violaciones al CCA y está activamente buscando aumentar la persecución penal de conductas de cartel. Para febrero de 2019 existen tres casos penales de cartel bajo estudio de la corte.

 

12.1 Conducta prohibida por la CCA

Según la Parte IV de la CCA, ciertas conductas están prohibidas (es decir, independientemente del efecto sobre la libre competencia), mientras que otras se prohíben solo cuando tienen el propósito, efecto o probable efecto de una competencia sustancialmente menor (SLC, por sus siglas en inglés, substantially lessening competition) en cualquier mercado o implica el uso indebido del poder sustancial del mercado.

PROHIBICIONES TOTALES

CONDUCTA PROHIBIDA DONDE SE TIENE EL PROPÓSITO, EFECTO O PROBABILIDAD DE SLC

 

Conducta de cártel: cualquier contrato, acuerdo o entendimiento entre competidores (o potenciales competidores) que tenga:

  • el propósito o efecto de fijar o influir en los precios; o
  • el propósito de restringir la producción, la capacidad o el suministro a los clientes; compartir o dividir mercados mediante la asignación de clientes, proveedores o territorios; o la colusión en licitaciones (bid rigging).

Uso indebido del poder de mercado: cuando una empresa tiene un considerable poder de mercado, participar en una conducta que tiene el propósito o tenga o es probable que tenga el efecto de disminuir sustancialmente la competencia en:

  • ese mercado;
  • cualquier otro mercado en el que esa empresa suministre bienes o servicios; o
  • cualquier otro mercado en el que esa empresa adquiera bienes o servicios.

Mantenimiento del precio de reventa: especificando un precio mínimo por debajo del cual los clientes no deben reabastecerse o publicitar bienes o servicios para el reabastecimiento

Prácticas concertadas: la cooperación entre dos o más personas que reduce la incertidumbre de competencia.

Operaciones exclusivas: imponer restricciones a la libertad del cliente o proveedor de elegir con quién, en qué lugar o en qué términos puede realizar negocios.

Fusiones y adquisiciones: la adquisición de acciones o activos.

12.2 Conductas permitidas y autorización de fusiones

La CCA permite conductas que de otro modo podrían contravenir la CCA al ser eximido por la ACCC. Una empresa puede solicitar a la ACCC autorización para una conducta anticompetitiva (incluida la conducta de cártel y el uso indebido del poder de mercado) por motivos de beneficio público; o puede presentar una notificación ante la ACCC para tratos exclusivos, mantenimiento de precios de reventa o acuerdos de negociación colectiva.

Con respecto a una fusión o adquisición que plantea cuestiones de derecho de la libre competencia, las empresas también pueden solicitar que la ACCC autorice o permita la fusión. La aprobación requerirá que las partes convenzan a la ACCC de que la fusión o adquisición propuesta probablemente no disminuirá sustancialmente la competencia. Se puede otorgar la autorización cuando la fusión o adquisición resulta en beneficios públicos que superan cualquier detrimento (incluido el daño competitivo). No hay un requisito obligatorio de notificar a la ACCC antes de completar una transacción; sin embargo, las Directrices de Fusión de la ACCC (ACCC Merger Guidelines) incentivan a las partes a notificar a la ACCC cuando los productos de las partes de la fusión son sustitutos o complementos y la empresa fusionada tendrá una participación de mercado luego de a la fusión superior al 20% en el/los mercado(s) relevante(s).

12.3 Sanciones

Sanciones pecuniarias aplican a las infracciones de todas las disposiciones de la Parte IV. La penas máximas por contravención se detallan a continuación:

 

EMPRESAS

PERSONAS

SANCIONES CIVILES 

La mayor entre:

  • $10 millones de dólares australianos;
  • tres veces el valor del beneficio obtenido que es razonablemente atribuible al acto u omisión; o
  • si el tribunal no puede determinar el valor del beneficio, el 10% de la facturación anual del grupo empresarial en Australia en los 12 meses anteriores.

$500.000 dólares australianos

SANCIONES PENALES (por conducta de cártel)  

Equivalente a las sanciones civiles.

Hasta 10 años de prisión y/o multas por hasta $420.000 dólares australianos.

Una empresa no debe indemnizar a sus funcionarios contra la responsabilidad de pagar una multa pecuniaria o por los costos legales de la defensa de los procedimientos en los que se encuentra que el funcionario tiene esa responsabilidad.

Además, en la aplicación de la ACCC (o respecto de los cárteles criminales, el Director de la Fiscalía (Commonwealth Director of Public Prosecution)), un tribunal puede descalificar a una persona que ha sido acusada de conducta anticompetitiva por parte de las empresas administradoras durante un período en el que el tribunal considera apropiado. Otras sanciones no pecuniarias incluyen órdenes de servicios comunitarios y órdenes de publicidad adversa.

12.4 Otras disposiciones de la CCA

La CCA también tiene partes específicas relacionadas con:

  • acceso a los servicios de telecomunicaciones (el acceso a las instalaciones de telecomunicaciones se trata en el Anexo 1 de la Ley de Telecomunicaciones de 1997 (Telecommunications Act 1997 (Cth));
  • acceso a servicios de infraestructura esencial que no pueden ser reproducidos económicamente por un tercero, por ejemplo, servicios de transmisión y distribución de gas y electricidad, líneas ferroviarias, aeropuertos, puertos y otros servicios con características de monopolio natural;
  • conducta anticompetitiva en los mercados de telecomunicaciones;
  • la regulación del envío internacional de carga marítima;
  • vigilancia de precios; y
  • trato injusto en los negocios, protección al consumidor y seguridad de los productos (ahora incluidos en la Ley Australiana de Protección al Consumidor, en el Anexo 2 de la CCA). Para mayor información sobre la Ley Australiana de Protección al Consumidor, consulte el Capítulo 15 de esta publicación, "Protección al Consumidor y Responsabilidad del Fabricante".

 

12.5 Comisión Australiana para la Competencia y Protección del Consumidor

La ACCC es el organismo encargado de administrar la CCA. También tiene una serie de otras funciones relacionadas con la libre competencia en virtud de una amplia gama de otras legislaciones industriales. La ACCC es una poderosa autoridad reguladora, con amplia discreción y un alto perfil.

En términos generales, el rol de la ACCC incluye:

  • hacer cumplir las disposiciones sobre conductas anticompetitivas, protección del consumidor y trato injusto de la CCA. La ACCC tiene amplios poderes de investigación, incluidos poderes para obligar a las empresas a proporcionar información y documentos y para interrogar a personas bajo juramento. Sin embargo, la ACCC no puede hacer constataciones de ilegalidad e imponer sanciones por el incumplimiento de la CCA por sí misma; para lo cual debe referirse al Tribunal Federal de Australia. La excepción a esto es en relación con ciertas disposiciones de protección al consumidor en las que la ACCC tiene la facultad de emitir notificaciones de infracción y comprobación (substantiation), órdenes de prohibición y advertencias públicas. El papel de la ACCC en la aplicación de la CCA se complementa con la capacidad de las partes privadas para tomar acciones privadas en virtud de la CCA (que no sea solicitar una orden judicial en relación con una fusión anticompetitiva).
  • la evaluación de las fusiones y adquisiciones que podrían tener el efecto probable de una disminución sustancial de la competencia. Aunque no existe un requisito obligatorio de notificación previa a la fusión, la ACCC a menudo investigará las fusiones y adquisiciones que lleguen a su conocimiento, incluso cuando las partes de la fusión no hayan solicitado la autorización de la ACCC. Las partes pueden solicitar que la ACCC evalúe las fusiones y adquisiciones a través de su proceso de autorización informal o el proceso formal que incluye la opción de solicitar la autorización por motivos de beneficio público. La capacidad de la ACCC para autorizar fusiones es una modificación reciente introducida a la ley - recientemente se ha exigido que las solicitudes de autorización se presenten directamente ante el Tribunal de la Competencia de Australia. Las decisiones tomadas por la ACCC bajo el proceso formal ahora pueden apelarse ante el Tribunal.
  • una gama de funciones reguladoras bajo los regímenes de acceso generales y específicos de telecomunicaciones, que se relacionan con los términos y condiciones bajo los cuales las empresas que compiten en mercados ascendentes y descendentes tendrán acceso a servicios provistos por instalaciones de infraestructura esenciales (por ejemplo, telecomunicaciones, servicios de transmisión y distribución de electricidad y gas, y líneas ferroviarias), y
  • vigilancia de precios incluyendo notificación de precios, monitoreo de precios y consultas de precios.

Una serie de organismos reguladores estatales son responsables de administrar los regímenes de acceso estatales (state-based) y otras regulaciones específicas de la industria.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019

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